La Paz. AFP y EFE

La violencia entre partidarios y opositores al presidente Evo Morales, que ya dejó dos muertos, podría repetirse en Cochabamba,  que ayer amaneció militarizada. La ciudad se encuentra en medio de un conflicto, en el cual seis regiones piden una autonomía que el Gobierno rechaza.

La tensión crecía  con la realización de un cabildo de miles de campesinos cocaleros y mineros afines al gobierno de Morales, que piden la cabeza del prefecto (gobernador) de Cochabamba,  Manfred Reyes Villa, un opositor férreo  del Presidente.

“¡Muerte a Reyes Villa!”, fue uno de los gritos contundentes que corearon los campesinos. Este político  fue elegido Prefecto de Cochabamba en diciembre del 2005, en elecciones regionales simultáneas a las nacionales que ganó el presidente Morales.

Buscando bajar la temperatura de la confrontación, Morales dirigió un mensaje por televisión a sus bases políticas para que no sigan consignas de venganza, y les prometió justicia por las agresiones que -en su criterio- sufrieron varios de sus partidarios.

En Cochabamba se respira temor. El comercio privado cerró sus puertas, el tránsito vehicular es casi inexistente y solo se veían filas de manifestantes que se dirigían a la concentración popular a pie y en camiones.

El Presidente  dijo que se ordenó la movilización de militares, que patrullan las calles y avenidas, para recuperar el control de Cochabamba y disuadir eventuales nuevos enfrentamientos.

El conflicto amenaza con extenderse al resto del país. En la zona oriental de  Santa Cruz, el Comité CÍvico de la región convocó a un paro ciudadano para el  martes 16,  “en solidaridad con el pueblo de Cochabamba y en defensa del sistema democrático del país”.

Los cívicos cruceños acusaron a Morales y a sus seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) de violar la institucionalidad en el país “para imponer un régimen autoritario”, según un comunicado difundido el jueves.

El Gobierno, a través del vicepresidente Álvaro García, y Reyes Villa se culparon mutuamente por los hechos registrados y no cedieron en sus posiciones. El primero pide que cesen las proclamas autonomistas del Gobernador,  y el segundo aduce un gran  respaldo popular para este nuevo sistema de gestión pública.

La Iglesia Católica, la  Defensoría del Pueblo y la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia anunciaron que comandarán la búsqueda de diálogo, una palabra hasta ahora  acallada por las beligerantes voces de oficialistas y opositores.